Desde la entrada en vigor de la Ley 2/2023, miles de empresas en España están obligadas a implantar un canal de denuncias interno que garantice la comunicación segura y confidencial de posibles irregularidades dentro de la organización.
Sin embargo, muchas compañías y entidades públicas todavía no tienen claro qué exige exactamente la normativa, quién está obligado a cumplirla o qué riesgos existen por no disponer de un sistema adecuado.
En este artículo repasamos los puntos clave de la conocida como Ley de protección del Informante o Ley del Canal de Denuncias y cómo desde ASAC podemos ayudarte con un desarrollo sin complicaciones y en 24 horas.
¿Qué exige la Ley 2/2023 y qué obliga a las empresas?
La normativa transpone en España la Directiva Whistleblowing de la Unión Europea y establece la obligación de disponer de un Sistema Interno de Información seguro y confidencial.
El objetivo es claro: facilitar que empleados, proveedores o colaboradores puedan comunicar infracciones, conductas irregulares o posibles incumplimientos legales sin sufrir represalias.
Además, la Ley establece requisitos muy concretos para estos sistemas:
- Confidencialidad de las comunicaciones.
- Posibilidad de realizar denuncias anónimas.
- Protección del informante.
- Registro y trazabilidad de las actuaciones.
- Gestión segura de la información.
- Cumplimiento de plazos legales de respuesta.
Por tanto, no basta con crear un correo electrónico o un formulario improvisado. El canal debe cumplir requisitos técnicos, organizativos y legales específicos.
¿Qué empresas están obligadas a tener un Canal de Denuncias?
Esta Ley afecta principalmente a:
- Empresas privadas con 50 o más empleados.
- Organismos y entidades del sector público.
- Empresas que operan en determinados sectores regulados, independientemente de su tamaño.
Los plazos de adaptación ya han vencido, por lo que actualmente cualquier organización obligada que no disponga de un canal conforme a la Ley 2/2023 se encuentra en situación de incumplimiento.
¿Y qué ocurre si estamos en este punto?
La infracción puede suponer importantes consecuencias legales y reputacionales para la organización pero además contempla sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 1.000.000€ en los casos más graves. A esto se suma un contexto regulatorio cada vez más exigente en materia de protección del informante y gobierno corporativo.
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En ASAC hemos creado Xperta: Canal de Denuncias, un software sencillo e intuitivo, que se implanta en el cliente en 24 horas.
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- Gestión centralizada y trazable.
- Acceso seguro y controlado.
- Adaptación a requisitos de compliance y protección de datos.
En definitiva, la Ley 2/2023 supone un cambio relevante en la forma en la que las organizaciones deben gestionar la transparencia y la comunicación interna de posibles irregularidades. Más allá del cumplimiento normativo, contar con un canal de denuncias adecuado se ha convertido en una pieza clave dentro de las políticas de buen gobierno y protección del informante.
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